Unos 19.000 agentes fueron desplegados en el sur de Etiopía para garantizar la correcta supervisión del referendo. El lunes 6 de febrero, más de tres millones de los 108 millones de ciudadanos del sur del país acudieron a las urnas tras una petición lanzada en seis zonas y cinco distritos pertenecientes actualmente al Estado Regional de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR). Se trata de uno de los 13 estados regionales del país en los que está prevista la subdivisión. Hay mucho en juego: si gana el ‘sí’, Etiopía tendrá un decimocuarto estado regional, si se incluyen las dos «regiones urbanas» de Adís Abeba y Dire Dawa. Esto conducirá a una mayor fragmentación en un país ya plagado de luchas interétnicas.
La votación, aprobada en agosto por la Cámara de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento etíope, fue posible en virtud del artículo 47 de la Constitución de 1994, que otorga a «toda nación, nacionalidad y pueblo», «el derecho a establecer su propio Estado, en cualquier momento». Sobre esta base jurídica, la principal etnia de la región en cuestión, la etnia wolayta, ha solicitado una mayor autonomía.
Una votación sin suspense
Los territorios de Wolayta se anexionaron a Etiopía a principios de la década de 1890, durante el reinado de Menelik II, tras una resistencia constante. Desde principios de la década de 2000, los miembros del grupo étnico han exigido en vano la creación de un Estado regional específico. «Tras haberse movilizado fuertemente en los últimos años en oposición al gobierno, han obtenido con esta votación parte de lo que venían reclamando», explica Sabine Planel, investigadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y especialista en Etiopía.
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