Fecha: 26 de noviembre de 2024
En los años posteriores a la caída de la Unión Soviética, la palabra “corrupción” apareció cada vez con más frecuencia en los informes de organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. Según estos informes, la corrupción está arraigada en la función reguladora de los Estados, que controlan los proyectos de desarrollo a gran escala y cuyos funcionarios supervisan el otorgamiento de licitaciones y permisos. Si se pudiera minimizar la función reguladora de los Estados, argumentaban muchos de estos informes, la corrupción sería menos generalizada. Este tipo de discurso anticorrupción encajó perfectamente con la campaña neoliberal para reducir los aparatos reguladores de los Estados, desregular y privatizar la actividad económica y promover la idea de que la libertad de la mano invisible del mercado crearía una base moral para la sociedad.
Sin embargo, ninguno de estos informes, incluidos los del Banco Mundial y Transparency International, ofrecían una definición clara de corrupción. Transparency International definió el concepto de corrupción en su guía The Anti-Corruption Plain Language Guide [Guía anticorrupción en lenguaje sencillo] de 2009, como “el abuso de poder para beneficio personal” (2009: 14). Tres años más tarde, el Banco Mundial describió la corrupción como “el abuso de un cargo público para obtener beneficios personales” (Barnes et al., 2012: ix). Estas definiciones son similares y se siguen reproduciendo en los informes de las organizaciones multilaterales y en los estudios académicos. La palabra clave aquí es “abuso” y la principal conclusión es que alguien del sector público a quien se ha conferido poder o un cargo público abusa de su función para obtener beneficios personales, mediante el soborno, el nepotismo, la extorsión y la malversación. Esta orientación sostiene que, si el Estado fuera más pequeño o disciplinado, habría poca o ninguna corrupción en la sociedad. Aunque la organización no gubernamental Transparency International agregó en 2010 la inquietud por la corrupción en el sector privado, esta incorporación ha sido marginal respecto a la atención general prestada a la corrupción en el sector público (2010).
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