Malawi contuvo el aliento recientemente cuando el Tribunal Constitucional tardó diez horas en leer detenidamente su veredicto sobre las controvertidas elecciones presidenciales de 2019. Cuando finalmente se hizo evidente que la sentencia anularía la elección del presidente Peter Mutharika, los alegres partidarios de la oposición salieron a las calles a festejarlo.
Malawi se convirtió en el segundo país de África, después de Kenia en 2017, y el quinto en el mundo en ver revocada en los tribunales la victoria electoral de un presidente. Lo sorprendente de los dos casos africanos es que la oposición no demostró de manera concluyente que había ganado la mayoría de los votos. En cambio, los jueces concluyeron que las infracciones generalizadas de las regulaciones electorales también podrían interpretarse como menoscabo de los principios legales y constitucionales clave.
La disposición de los jueces para evaluar de manera diferente las peticiones electorales fue en parte moldeada por campañas efectivas de la oposición y de la sociedad civil. Estos esfuerzos combinaron protestas públicas con mensajes en las redes sociales para destacar las malas prácticas y desacreditar el proceso electoral.
Kenia y Malawi no son casos aislados. Desde Albania a Zimbabwe y Bangladesh a Uganda, los líderes de la oposición han perdido la fe en los procesos y observadores electorales. Están adoptando enfoques cada vez más combativos.
Para seguir leyendo: