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El uso de la migración para generar tensión entre Marruecos y España es algo puntual. Los jóvenes y niños africanos buscan una salida frente a las desfavorables condiciones de sus países de origen.
Las imágenes de la pasada semana en Ceuta de menores perseguidos por agentes de la Policía Nacional o por militares nos han sorprendido. Es una clara manifestación de un juego político entre España y Marruecos, en el que se utiliza como peones a menores de edad marroquíes.
No obstante, estas acciones policiales son el protocolo que siguen las autoridades españolas para cumplir con los procedimientos para garantizar el respeto de los derechos de los niños y niñas que llegan a Europa sin protección de un adulto.
Los derechos de (todos) los niños
Los menores migrantes tienen derecho a la protección pública en igualdad de condiciones con los menores españoles. El artículo 39.4 de la Constitución Española no diferencia entre menores españoles y menores extranjeros. Por tanto, todos los derechos que recoge la Convención de los Derechos del Niño deben ser disfrutados también por los menores extranjeros.
La obligación de garantizar el respeto y disfrute de esos derechos por parte de los niños y niñas se extiende a todos los poderes del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial. Los órganos de policía serían los encargados de hacer cumplir ese mandato.
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