Kais Saied se ha cargado la única democracia que quedaba en suelo africano al norte del Sáhara. El presidente de Túnez ha concentrado todo el poder Ejecutivo en su figura con una nueva Constitución, ha dicho que los ciudadanos subsaharianos son “hordas de inmigrantes ilegales que llegan con violencia y crimen” y ha detenido a los líderes del partido de oposición Ennhada en lo que ha llamado “una guerra sin cuartel” contra sus críticos.
Bien, pues a la Unión Europea no solo le da igual, sino que encima ha ido detrás suyo con 1.000 millones de euros en un paquete récord que principalmente va destinado a intentar frenar la inmigración ilegal. En la foto del acuerdo suscrito el domingo en Túnez había cuatro personas: Giorgia Meloni, primera ministra italiana; Mark Rutte, primer ministro holandés; Ursula Von Der Leyen; presidenta de la Comisión Europea y el propio Saied.
La intención es evidente: frenar la creciente migración irregular, más ahora en visos del verano, época alta. Los representantes: el ala más conservadora y dura contra la migración. Meloni era la segunda vez que viajaba en una semana. Italia ha recibido 51.000 inmigrantes en los primeros seis meses, más del doble de los 19.962 de todo el 2022. En las Islas Canarias no hay mejor informante que Txema Santana, quien cuenta que desde el 20 de mayo hasta ahora han sido rescatadas el 40% de las personas de lo que va de año. Es decir, se viene un verano caliente y Europa lo quiere evitar a toda costa con un plan de 18 medidas a acordar entre los 27.
El dinero de la Unión Europea a Túnez está supeditado a que acepten el préstamo del FMI. En abril, el gobierno de Saied rechazó el acuerdo alcanzado en octubre por 1,7 mil millones porque demandaba reducir el funcionariado público y levantar los subsidios a bienes básicos como el pan o el petróleo. La alternativa de Saied es poner impuestos a los ricos para no estar preso al “dictado del exterior”. Es decir, supeditado a que hagan reformas económicas, pero no a que dejen de encarcelar a opositores, ni se burle de los derechos humanos.
Lo mejor es que en esta situación, Saied ha dicho que no quiere ser “la Policía de las fronteras ajenas”. Von Der Leyen en Túnez ha dicho que ambos tienen “un amplio interés en romper el cínico modelo de negocio de contrabando y traficantes, que deliberadamente ponen en riesgo las vidas humanas por beneficios, y trabajaremos en una operación asociativa antitráfico”. La realidad es que el modus operandi es el mismo de siempre: dar dinero a autócratas para poner parches momentáneos, sin solución de fondo para las vidas de miles de personas. ¿Hasta cuándo se seguirá dando dinero sin discreción sin tomar una medida efectiva a largo plazo que acabe con las mafias y se proponga un sistema regulado? Y no, poner precio a un refugiado no es la solución.