Nadie cree que vayan a celebrarse unos comicios en Libia a corto plazo. ¿Qué diplomático occidental querría seguir presionando para que se convoquen unas elecciones parlamentarias y presidenciales que podrían poner en peligro la frágil estabilidad que reina en el país desde finales de 2021? En un momento en que toda la región, desde Gaza e Israel hasta Sudán, pasando por Mali, Níger y Burkina Faso, vive un nuevo brote de violencia extrema y una serie de golpes militares, la prioridad parece ser preservar el statu quo en Libia. Un regalo del cielo para las principales partes en conflicto, en particular las familias Haftar y Dabeiba, Aguilah Saleh y sus partidarios en la Cámara de Representantes (CdR) en Bengasi o para los miembros del Alto Consejo de Estado (HCE, por sus siglas en francés) en Trípoli. Todos se han aprovechado del estancamiento político utilizando su posición institucional para consolidar sus redes de poder y reforzar su control sobre los recursos del país. Todo parece indicar que han logrado ponerse de acuerdo –al menos de manera informal y provisional– para sacar partido de la nueva configuración política e institucional. En este contexto, ¿Cuál es la situación de la población libia y las perspectivas a corto plazo?
Obstrucción por las partes del conflicto y bloque del proceso político
Una vez pasado el momento de entusiasmo que siguió a la formación de un Gobierno de Unidad Nacional (GUN) dirigido por Abdelhamid Dabeiba, en marzo de 2021 (el primero desde la división de las instituciones políticas en el verano de 2014), pronto quedó claro que ninguno de los protagonistas del conflicto libio quería elecciones. No parecía posible llegar a un acuerdo sobre una base constitucional o sobre las leyes electorales. En concreto, los debates se estancaron en torno a la secuenciación de las elecciones parlamentarias y presidenciales, y respecto a los criterios de elegibilidad de los candidatos presidenciales. De hecho, en el centro del conflicto estaba la posibilidad de celebrar unas elecciones presidenciales, las primeras en la historia del país y una cuestión especialmente delicada dado el carácter personal y autoritario del régimen anterior a 2011.
