María López Belloso, Universidad de Deusto; Ander Gutiérrez-Solana Journoud, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea// 12 junio 2022 21:40 CEST
Con el reconocimiento de la propuesta marroquí de soberanía sobre el Sáhara Occidental, el Gobierno español incumple lo dispuesto por el Derecho Internacional, desoye el derecho de libre determinación de los pueblos y falta a una normativa general y a su responsabilidad como potencia administradora de la antigua colonia.
Esta semana hemos sido testigos de nuevos desencuentros en la cuestión del Sahara Occidental. Desde su vuelta al escenario internacional en noviembre de 2020 por los incidentes entre Marruecos y el Frente Polisario en el paso fronterizo de Guerguerat, el conflicto alrededor de los territorios saharauis ha ido aumentando en intensidad y presencia mediática. Desde esa fecha, los acontecimientos se han ido moviendo entre acciones y reacciones políticas, y discusiones en torno al marco jurídico aplicable.
En artículos anteriores ya detallamos las diferencias entre la respuesta que el Derecho Internacional ofrece a este conflicto, que dura ya más de 47 años, y las distintas acciones políticas.
Cronológicamente, desde la ruptura del alto el fuego por el incumplimiento marroquí de los acuerdos militares, ha habido cuatro hitos que han marcado el posicionamiento de distintos actores:
Este cambio de postura no afecta a la naturaleza del territorio del Sáhara Occidental como Territorio No Autónomo, ni al estatus de las partes. Sin embargo, sí que supone un alejamiento del Gobierno español del Derecho Internacional y de las responsabilidades jurídicas como potencia administradora del territorio. Así se lo recordó la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) al ministro Albares.
Esta asociación ha señalado que este cambio supone varios incumplimientos del Derecho Internacional aplicable al caso saharaui por:
Una vez aclaradas las repercusiones desde el prisma del Derecho, merece la pena analizar, en la misma clave, la reacción de Argelia, que esta semana ha anunciado la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación y la congelación del comercio con España.
Esta no ha sido la primera reacción argelina al cambio de postura español, sino que es una medida añadida a decisiones anteriores como la llamada a consultas del embajador argelino en Madrid, o la suspensión de las conexiones aéreas con España.
Para poder entender el encuadre de estas acciones en el escenario jurídico internacional vamos a proceder a examinar en detalle esta última medida, que ha levantado un gran revuelo mediático, político y jurídico.