Días antes de la votación de ayer en el Congreso, cuando parecía que los dos partidos votarían en contra, varias entidades eclesiales se movilizaron activamente.
“Una ocasión histórica”. Así celebró la Iglesia, este 9 de abril, la admisión a trámite por el Congreso de los Diputados (con el voto favorable de todos los partidos políticos a excepción de Vox, que se posicionó en contra) de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que puede marcar un aldabonazo en la apuesta de España por la dignidad humana, al hilo de ‘Dignitas infinita’. Y es que hablamos de una propuesta que reclama una regularización extraordinaria de las personas extranjeras que residen en nuestro país desde antes del 1 de noviembre de 2021 y que viven en situación irregular. Una población que en su mayoría ya está trabajando (aunque sin cotizar, siendo la suya una economía sumergida y sin derechos) y que se estima en medio millón de personas.
Además del volumen de las personas a las que les puede cambiar la vida, estamos ante una de las ILP con mayor respaldo ciudadano en nuestra historia democrática, con 700.000 firmas y 900 entidades comprometidas. Buena parte de ellas, eclesiales. Así se reflejó en el comunicado conjunto difundido ese día 9 por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y Cáritas. En él, se constata que “este paso permite dar continuidad al recorrido parlamentario de esta proposición de ley, dando respuesta a una reivindicación con un sólido respaldo social”.
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