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Tras el impacto de la covid-19 en el sistema educativo etíope, los estudiantes no han vuelto a la normalidad dos años después por el conflicto abierto en su país.
El sol ha iniciado su ascenso hacia la bóveda celeste y ha marcado el inicio de un nuevo día hace apenas una hora. Es el primer sábado de abril de 2022 y el altiplano etíope despierta con el canto de los pájaros, que revolotean entre los eucaliptos. Entre las poblaciones de Dessie y Weldiya, en la carretera que conecta Adís Abeba con Mekele, la capital de la norteña región de Tigray, un grupo de niños que viste uniformes azules camina hacia la escuela. Son menores que viven en aldeas o casas apartadas. En su camino, se cruzan con un tanque T55 de importación rusa destrozado en uno de los márgenes de la calzada. Vehículos como este son los vestigios del apaciguado –pero aún latente– conflicto que apartó de los centros educativos durante meses a menores y jóvenes en distintas poblaciones de Amhara, entre ellas Dessie y Weldiya.
La guerra empezó en noviembre de 2020, cuando el Gobierno etíope lanzó una ofensiva militar para “restablecer el orden constitucional” en Tigray. El partido político fuerte en esta región, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés), se había convertido en una piedra en el zapato para el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ganador del Nobel de la Paz en 2019 por promover el fin del conflicto con Eritrea. Sin embargo, pocos esperaban que Ahmed respondería con fuego y sangre a las provocaciones de un TPLF marginado y militarizado en su región.
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