Descarte de ancianos y sanidad selectiva. «Las residencias son auténticas cárceles de oro»
“Además de pagarles las pensiones, ‘comernos’ tres meses de confinamiento y tener que vivir ‘paramilitarizados’, ahora, en pleno verano, nos prohíben divertirnos para no contagiarlos. Mejor que se mueran de una vez y nos dejen en paz…”. Este descarnado comentario -conjunción de crueldad, alcohol y visceralidad- fue proferido hace unos días, de madrugada, después de haberse cerrado unos locales de copas. Lo transcribo tal y como me lo ha contado un veraneante en la costa cantábrica. Al escucharlo, me he dicho que era hora de pensar en voz alta sobre este “descarte de los ancianos” en la sociedad y, particularmente, en las residencias a lo largo de lo que parece haber sido la primera fase de la pandemia.
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Aquí, ha indicado otra persona, no estamos ante la victoria de la moral estoica, sino ante el triunfo de un cinismo brutal que hunde sus raíces en un feroz pragmatismo economicista: un día en UCI, ha señalado, cuesta a la sanidad pública entre 1.600 y 1.800 euros. Un ingresado de Covid-19 ha estado de media 30 días, 51.000€. Si se hubieran ingresado los más o menos 19.000 residentes en UCI hospitalarias, hubiéramos gastado 969.000.000€. Como no han ido, nos los hemos ahorrado. A ellos hay que añadir 19.000 pensionistas menos al tipo de media de pensión anual de 14.000€ año, 266.000.000€ que se ha ahorrado la Seguridad Social. ¿Cómo hemos llegado a primar estas consideraciones?
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