19 noviembre 2021 16:44 CET / Investigadora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología Málaga, Universidad de Málaga
El incumplimiento de las directrices marcadas por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) puede parecer algo impensable en Europa. Pensamos que están salvaguardados los derechos de la infancia referidos a la identidad (derecho a un nombre oficial) y a una nacionalidad, el derecho a la protección frente a cualquier perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación (artículos 7 y 19 de la CDN).
En el contexto español, los flujos de inmigración irregular han puesto en jaque estas suposiciones. España es puerta de entrada de inmigración irregular por vía marítima procedente de África. Entre las personas que llegan por esa vía, hay mujeres subsaharianas acompañadas de niños, niñas y adolescentes (NNA). Su llegada supone un desafío para las políticas públicas: tanto en lo referente a la persecución de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, como para garantizar derechos y protección a los menores en movimiento.
Tras la llegada a las costas andaluzas, las familias son derivadas a recursos de asistencia humanitaria. La Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo alertan sobre el riesgo que corren las mujeres acompañadas de menores de ser explotadas en su tránsito por Europa, y se dan casos de desaparición antes de que se compruebe la filiación y las condiciones adecuadas de protección a los menores.