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Manuel Torres Aguilar, Universidad de Córdoba / 27 junio 2022 19:19 CEST
La muerte de numerosos migrantes en el asalto a la valla de Melilla desde Marruecos plantea muchas dudas sobre la intención que tenía el país norteafricano al actuar así. No es menos sospechoso tampoco el hecho de que esto ocurra poco antes de la cumbre de la OTAN en Madrid.
Todavía horrorizados por la masacre de Nador, junto a la frontera española y de la Unión Europea en Melilla, es complejo hacer un análisis obviando el dolor que provocan estas muertes. Cuando escribo estas líneas aún no hay una cifra oficial de fallecidos, pero se acercan más a los 37 que anuncian las organizaciones en defensa de los derechos humanos que a los 23 que reconoce el gobierno de Marruecos.
Ahora lo que más debería preocupar al gobierno de España sería exigir a Marruecos que no diera sepultura a las víctimas sin un proceso de identificación y esclarecimiento de las causas de estas muertes. No se deben ocultar bajo tierra los cadáveres sin cumplir unos mínimos estándares de legalidad respetuosa con los derechos que toda víctima debe tener. Al respecto debemos citar los tratados suscritos para la protección de las víctimas de las violaciones del Derecho penal internacional.
Es evidente que aún no podemos determinar desde el punto de vista procesal esta calificación penal, pero los indicios de los que se disponen apuntan en esta dirección. Y, desde luego, si se lleva a cabo el enterramiento de las víctimas sin el más mínimo procedimiento forense, entonces sí que debemos concluir que se trata de una violación de estas normas internacionales.
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