La decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de ciudadanos etíopes que viven en Estados Unidos (EE. UU.) ha sido impugnada en un tribunal federal de Boston. La demanda fue presentada por tres ciudadanos etíopes, junto con la organización African Communities Together, y sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no notificó con suficiente antelación ni justificó con suficiente rigor el fin de este estatus, que protegía de la deportación y permitía trabajar legalmente en el país a más de 5.000 personas. Sin embargo, el DHS argumenta que el TPS otorgado por Biden en 2022 a los ciudadanos etíopes huyendo del conflicto armado en su país, nunca estuvo pensado para ser una oportunidad de residencia permanente.
Los demandantes argumentan que el DHS no cumplió con los requisitos legales al terminar el TPS con apenas 60 días de aviso y que no evaluó de manera adecuada las condiciones en Etiopía, donde persisten conflictos y riesgos para la seguridad de los civiles, lo que justifica la necesidad de los etíopes de residir en otro país. Por lo tanto, entre otras cosas, la demanda acusa a la administración de Trump de haber tomado esta decisión movida por razones discriminatorias y racistas e ignorando la crítica situación humanitaria que todavía afecta a regiones de Etiopía.
Ya se han producido otras demandas de la misma índole llevadas a cabo para impugnar otras medidas similares de esta Administración contra países como Siria, Venezuela, Haití, Nicaragua o Sudán del Sur, y en ocasiones los fallos judiciales han favorecido a los demandantes, obstaculizando la estrategia de Trump.
Por su parte, el gobierno defiende su decisión señalando que el TPS nunca estuvo pensado como una vía hacia la residencia permanente y que, según su evaluación, las condiciones en Etiopía ya no justifican mantener esta protección. Consecuentemente, tras la terminación del TPS, las personas afectadas podrían quedarse solo por un período limitado antes de poder ser deportadas si no tienen otras bases legales para permanecer en los EE. UU.
Fuente: Nation
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