Asegura Emanuel (nombre ficticio) que es inocente. Que antiguos enemigos de su familia lo orquestaron todo para que él acabara en la cárcel. Que el cargo por el que fue declarado culpable, abuso sexual a una menor, le parece abominable. Y que le resulta una injusticia manifiesta su condena: 14 años encerrado en la prisión de Pademba, el correccional central de Freetown –y un infierno en la tierra– situado en la capital de Sierra Leona, país africano de apenas ocho millones de habitantes y uno de los más pobres del mundo. “Mi casa estaba abierta para todo el mundo siempre. Por eso vieron a la chica varias veces entrar allí. Pero yo no hice nada malo. Fue una trampa, una venganza”, justifica.
Los casi 2.000 presos de Pademba repiten ese “soy inocente” hasta la saciedad. Pocos admiten haber cometido las fechorías por las que permanecen encerrados. Asesinatos, robos, tráfico y trata de personas, secuestros… Pero en la cárcel, como ocurre en el país, un delito destaca sobre todos los demás. El presidio está lleno de violadores y de agresores sexuales que encuentran en niñas a sus principales víctimas. Y Sierra Leona también. Según informes recientes de la policía local, en los cuatro primeros meses de 2021 se denunciaron 974 delitos de esta naturaleza. No es una media demasiado alta si se tiene en cuenta que, en 2018, las autoridades registraron unos 8.500 casos. En febrero de 2019, tras una brutal violación grupal a una pequeña de cinco años, el presidente Julius Maada Bio declaró emergencia nacional “por violación de niñas”.
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