

Es la hora punta para Juma Olesampuerap, el único médico de servicio en la pequeña clínica Enkitoria, en las afueras de la aldea masái keniana de Ololaimutiek, cerca de la frontera de Kenia y Tanzania. Decenas de personas esperan fuera para recibir ayuda. La mayoría son mujeres; el suave tintineo de sus coloridas joyas de cuentas y de los pequeños discos de espejo que llevan al cuello se oye a través de una puerta abierta.
En el interior, Olesampuerap examina la herida de bala de Partalala, un joven vestido con una sudadera con capucha gris y un shuka (manto tradicional) de cuadros rojos y negros. A través de un enorme agujero en la pierna se ve el blanco del hueso. “Qué vergüenza de Gobierno tanzano”, murmura el doctor mientras venda la pierna. “Están disparando a su propia gente”. A Partalala se le tuerce la cara de dolor.
El 9 de junio, el día antes del incidente, tres agentes se presentaron en Ololosokwan, un pueblo de Loliondo (norte de Tanzania), según la versión de los vecinos. Querían clavar un poste de hormigón en el suelo para indicar dónde se iba a construir pronto un nuevo parque de fauna salvaje, recuerda Partalala.
La licencia de caza para el parque, que abarcará aproximadamente 1,5 kilómetros cuadrados, está en manos de la Otterlo Business Corporation (OBC), una empresa de Emiratos Árabes Unidos (EAU). Según un informe de la ONU de 2019, OBC es una empresa de yates de lujo a la que se le concedió una licencia de caza en Tanzania en 1992 “que permite a la familia real de EAU organizar viajes de caza privados”. Aunque para esta actividad se va principalmente al sur de África, la caza de trofeos tampoco está prohibida en Tanzania.